Este capítulo establece que todas las personas físicas o jurídicas, ya sean de sectores públicos o privados, que ofrezcan un servicio comercial están obligadas a cumplir con el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, en ningún establecimiento pueden mostrar un trato discriminatorio a un cliente o proveedor por su condición sexual.

La legislación contempla, además, que cuando así se produzca, la persona lesionada tenga derecho a una indemnización.