Este capítulo es una auténtica declaración de intenciones, pues hace referencia a lo que es necesario cambiar para que la igualdad entre mujeres y hombres sea realmente efectiva. Y el primer punto es la colaboración y la cooperación entre administraciones públicas, así como entre todas las entidades que se quieran implicar en el proceso.

El título establece una serie de puntos donde es necesario que las instituciones hagan hincapié. Entre ellas, cabe destacar la consideración de las dificultades singulares del colectivo de mujeres; la generación de medidas que erradiquen la violencia de género; la protección de la maternidad y la conciliación laboral; el impulso de una educación que promueva la igualdad; su inserción en ámbitos como el deporte, la salud, el desarrollo rural...

Son muchos los frentes que hay que atender y mucho el trabajo pendiente.

Pero además de impulsar estas medidas, la ley también sugiere que las propias administraciones tomen nota dentro de sus organizaciones. Así, se mencionan diversas áreas en las que se puede mejorar, como por ejemplo la participación en candidaturas electorales, que debe ser más equilibrada; el acceso de la mujer a los puestos de toma de decisiones; el fomento de un lenguaje no sexista...