Este título evalúa los criterios de igualdad en el marco del empleo público y establece que las administraciones deben aplicar criterios de actuación que eliminen los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, faciliten la conciliación y la formación, y fomenten la creación de medidas de protección. Asimismo, recomienda establecer canales de evaluación.

Por otra parte, recopila una serie de medidas que deben ser acogidas por parte de las administraciones públicas, como son: la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos directivos, de selección o de representación del Estado; el acceso a empleos públicos o los permisos por maternidad, conciliación...

Finalmente, dedica un capítulo a defender la igualdad de presencia, oportunidades y ascensos de las mujeres en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos de Seguridad del Estado.