Las facturas dejarán de ser un problema para los autónomos. :: BORJA URÍA

Son muchos los sectores que, en estos tiempos de incertidumbre económica, reclaman la clarificación de determinados aspectos jurídicos y legales propios de su ámbito que, por su vaguedad o mal enfoque, suponen un lastre para el correcto funcionamiento de las empresas que en él operan.

En el caso de los autónomos, una de las principales reivindicaciones incide directamente en los plazos estipulados en los pagos por parte de los clientes.

El sector es uno de los más afectados por los efectos de la crisis. La caída del consumo y de la demanda, junto con las dificultades existentes para acceder a financiación, son algunos de los factores que han desembocado en una difícil situación para los trabajadores por cuenta propia.

Se trata, en cualquier caso, de factores externos a la propia actividad, inherentes a la situación económica generalizada. Sin embargo, existen otros factores, intrínsecos al sector, que se han situado como una de las principales causas de la precaria situación que atraviesan muchos de los profesionales que lo componen. Entre ellos destaca la fijación de plazos en los pagos, uno de los puntos más conflictivos por cuanto se ha demostrado clave para un sector en el que, como indican desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), uno de cada cuatro profesionales se ha visto obligado a cesar su actividad debido precisamente a la demora en los cobros.

Nuevos plazos

En este contexto, la nueva Ley de Economía Sostenible desarrollada por el Gobierno central se posiciona a favor de la pequeña y mediana empresa, frente a la posición de poder en que se situaban hasta ahora los clientes.

Hasta ahora, muchos autónomos encontraban serias dificultades para establecer plazos de pago relativamente cortos, que desembocasen en capital líquido con que acometer los pagos de su propia empresa, tanto en materia de trabajadores asalariados como de adquisición de materias primas o de aquellos elementos necesarios para el normal funcionamiento de su actividad.

Los clientes y en especial en el caso de las grandes compañías y de las instituciones públicas, aprovechaban el peso de sus inversiones para establecer plazos de pago a un largo periodo de tiempo, que en muchos casos superaba los tres meses de espera por parte de los trabajadores autónomos y pequeñas empresas. Dichos plazos llegaban incluso a duplicarse o triplicarse, creando una situación insostenible para quienes, por no recibir retorno por su trabajo e inversiones en un periodo de tiempo razonable, acababan económicamente asfixiados.

Por todo ello, una de las principales reivindicaciones realizadas desde el sector de los autónomos ha sido el establecimiento de pagos a corto plazo, lo que a su entender, supondría un balón de oxígeno para muchos de sus profesionales.

La nueva Ley de Economía Sostenible incorpora entre sus medidas el establecimiento de plazos concretos y de una duración razonable que permitan el normal desarrollo de la actividad de las empresas de reducidas dimensiones y de los trabajadores autónomos. Así, la LES establece un límite máximo de 60 días de demora en el pago a este tipo de facturas, medida que sin duda contribuirá a mejorar la situación de este sector.

Sin embargo, las principales organizaciones empresariales del mismo reclaman al Ejecutivo celeridad en la aplicación de esta norma, debido en gran parte a iniciativas semejantes que, con carácter previo, no consiguieron acabar con la actual situación que viven los trabajadores autónomos. Por ello, la nueva ley pretende ser aplicable a partir de su aprobación en 2010.

Entes públicos

Las relaciones comerciales con las instituciones públicas son uno de los principales puntos de negocio del sector de los autónomos. Dicha relación se ha ido deteriorando en los últimos años debido al empeoramiento de los resultados económicos de todo tipo de entes públicos. Por ello, otro de los aspectos más reclamados desde el sector de los autónomos es la fijación de plazos en el pago de deudas que aseguren el cobro cuando los deudores son entes públicos.

Para responder a esta demanda, la Ley de Economía Sostenible estipula nuevos plazos en aquellos pagos que tengan como protagonistas a la administración e instituciones públicas, dado que son uno de los principales clientes del sector de los autónomos.

Este nuevo contexto legal, que modifica los contratos entre los trabajadores autónomos y el sector público, establece un periodo de entre 30 y 60 días como máximo para el cobro de las facturas, pero su aplicación queda postergada hasta 2013, año en que dichos plazos quedarían instaurados. El proyecto prevé una reducción paulatina de los plazos durante los próximo cuatro años, hasta su establecimiento definitivo en los términos especificados por la LES.

La cuestión de los pagos por parte de las administraciones públicas ha sido uno de los puntos más conflictivos a la hora de plantear esta nueva ley, dado el elevado nivel de endeudamiento que presentan la mayoría de los organismos e instituciones públicas en la actualidad en España.

Sirva de ejemplo el crecimiento de la tasa de endeudamiento municipal, que en el tercer trimestre de 2009 creció un 33,2% interanual, hasta sobrepasar los 83.000 millones de euros, lo que equivale, según el Banco de España, a su máximo histórico.

Por todo ello, establecer marcos de actuación que restrinjan los puntos de conflicto es fundamental para la buena marcha de la economía.