La sostenibilidad juega un papel determinante en el modelo productivo al que España quiere llegar. :: INNOVA

La situación económica por la que atraviesa nuestro país ha llevado al Ejecutivo nacional a crear un documento que se presenta con dos fines: impulsar un cambio en el modelo productivo que nos permita retomar la senda del crecimiento económico y conseguir que este sistema sea duradero en el tiempo.

Esto es, a grandes rasgos, la Ley de Economía Sostenible, LES, que recientemente se ha difundido entre la ciudadanía española.

Pero quizás la puesta en escena ha sido un tanto abstracta y los ciudadanos no sabemos muy bien a qué atenernos. Nos cruzamos a diario con declaraciones de personas que juzgan su contenido, protestan o alaban ciertos artículos de esta ley y no tenemos claro ni qué significan ni en qué medida nos afectan.

Cuestiones como la inclusión de un apartado que contempla la posibilidad de cortar Internet, previa autorización judicial, a las personas que descarguen archivos protegidos por derechos de autor, tienen una importancia vital para nuestro futuro, para el de los cántabros, porque pueden verse alteradas algunas de nuestras costumbres o surgirnos nuevas oportunidades que es crucial conocer.

Además del carácter global que tiene el documento, también es importante analizar lo innovador de su naturaleza. «Es una ley innovadora, especialmente en algunas de las medidas concretas que incorpora, como por ejemplo la limitación por Ley de la morosidad o la rehabilitación de viviendas de cara a su sostenibilidad», opina David González Pescador, consultor de la empresa Glezco.

Objetivos

Para González, la ley tiene «un valor trascendental para conseguir ese cambio de modelo productivo del que tanto se habla, tanto por lo ambicioso de las medidas que contempla, como por los objetivos que se ha fijado».

Para entender bien estos dos aspectos, objetivos y medidas, conviene contextualizar el momento en el que se ha presentado esta propuesta: España y sus comunidades autónomas se encuentran en una crisis que, no sólo ha provocado un freno en su crecimiento, sino que ha ido generando una serie de desequilibrios que hacen más difícil salir de esta situación. Así, el Gobierno español ha generado esta herramienta con el objetivo de corregir estos desequilibrios y crear y consolidar nuevas vías de desarrollo.

Concretamente, El Gobierno de España se ha fijado metas como conseguir que en 2020 la economía nacional esté plenamente asentada sobre unas bases sólidas que permitan un crecimiento sostenido.

Para ese mismo año, las emisiones de gases de efecto invernadero deberán haberse reducido en un 15% con respecto a 2005 y dispondremos de un modelo energético sostenible que suponga un ahorro del 20% del consumo y proceda, en el mismo porcentaje, de fuentes renovables. Asimismo, se pretende incrementar la movilidad respetuosa con el medio ambiente y los modelos de vivienda en los que este factor sea también determinante.

Finalmente, el Ejecutivo quiere trabajar para que 2020 sea el año en el que la igualdad de oportunidades sea una realidad en nuestro ámbito educativo, en el que siete de cada diez personas en edad de trabajar tengan un empleo estable y en el que la equidad entre mujeres y hombres sea lo habitual y no lo deseable, con una tasa de empleo femenina del 65% y sin diferencias en los salarios.

Para ello se han destinado 25.000 millones de euros, que proceden de dos fondos creados específicamente para apoyar esta estrategia.

Reformas

El programa de actuaciones se articula en torno a veinte grandes áreas que afectan a casi todos los campos de actividad del país: justicia, administración, economía, fraudes... Dentro de cada una de ellas se formulan una serie de acciones o leyes con las que se pretende dar este giro hacia la sostenibilidad a todos los niveles.

A este respecto, partidos políticos, asociaciones, ciudadanos, agrupaciones empresariales... todos están mostrando su opinión respecto a las medidas que más les afectan.

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la Ley Omnibus, que se encuadra dentro de las reformas referentes a la administración y que se presenta como una medida para hacer efectivo el derecho de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

A este respecto, recientemente hemos visto a algunos grupos de taxistas protagonizando notorias protestas con la entrada en vigor de esta propuesta, en tanto que, desde su punto de vista, favorece el intrusismo en el sector.

Esta muestra sirve para ilustrar la importancia que tiene el debate social y político en torno a la propuesta, ya que la envergadura del cambio que propone requiere que la mayoría esté conforme con su contenido.

En esta dirección, David González considera que «tan importante es lo que dice la ley como lo que no dice, es decir, que es muy difícil desarrollar su contenido si no cuenta con un amplio respaldo de los agentes sociales y con un amplio consenso político».