Hasta hace sólo unos días parecía que los 325.000 millones de euros que el sector financiero español había prestado a los promotores inmobiliarios constituía sólo un problema para los bancos y las cajas. Los promotores se limitaban a vender pisos a las entidades financieras como forma de pago en la seguridad de que no ejecutarían su deuda, porque eso les obligaría a hacer provisiones con la consiguiente reducción de beneficios. Para cubrirse algo más las espaldas habían iniciado una campaña solicitando la ayuda del Estado para resolver su situación.

Pero Francisco González, el presidente del BBVA, ha cambiado el paso. Se ha atrevido a reconocer que tiene 3.000 millones de crédito a los promotores de dudoso cobro y los ha provisionado a costa de anunciar una reducción de beneficios. Y González ha hecho algo más; ha advertido a los promotores que el problema de tan fuerte endeudamiento es también suyo y no sólo de bancos y cajas y «que deben vender más pisos bajando los precios y ajustándose al mercado, pero no pidiendo dinero a los contribuyentes». Se ha dado, sin duda, un paso clave para romper una situación artificial en un sector tan fundamental como el inmobiliario.