El Servicio Cántabro de Empleo ha advertido un incremento significativo en la demanda de cursos de formación. / INNOVA

«Una de las piezas clave sobre las que debe pivotar toda la eficacia de la Formación Profesional, desde la perspectiva de la Administración, son los certificados de profesionalidad», defiende Carmen Díez.

Estos documentos, regulados actualmente por el Real Decreto 34/2008 de 18 de enero, son el instrumento a través del cual se acreditan de manera oficial, en el ámbito de la Administración laboral, las cualificaciones profesionales que están incluidas en el Catálogo Nacional que las recoge.

En ellos no influye la vía por la que se han adquirido las competencias, ya sea por medios formativos, fórmulas no formales de aprendizaje o experiencia laboral.

«Un certificado de profesionalidad configura un perfil profesional, entendido como un conjunto de conocimientos profesionales identificables en el sistema productivo, reconocidos y valorados en el mercado laboral», explica Díez.

Asegurar el aprendizaje

Con este sistema, los certificados de profesionalidad no sólo acreditan la cualificación y la competencia para desarrollar una actividad laboral, sino que también aseguran la formación necesaria para para su adquisición, fijando el proceso a seguir para alcanzar los objetivos que cada persona trabajadora se imponga y organizar de manera individual su carrera profesional.

Así, «facilitan el aprendizaje permanente de todos los ciudadanos mediante una formación abierta, flexible y accesible, estructurada de forma modular, a través de una oferta formativa asociada al certificado», afirma Carmen.

Además, su flexibilidad y modulación en unidades formativas de corta duración permite que, por primera vez, sea posible ofrecer una formación acreditable a toda la población trabajadora, tanto si tienen mucho o poco tiempo para dedicar a esta operación.

Y finalmente, su carácter oficial y validez a lo largo y ancho de la geografía española, supone una importante ventaja, ya que fomenta y favorece la movilidad de las personas trabajadoras que los obtienen.