La persecución a las descargas de contenidos online se introduce en la legislación española. :: INNOVA

La publicación del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, LES, presentado el pasado mes de diciembre, ha vuelto a revolucionar a la Red de Redes. El motivo es la inclusión, en la disposición final primera del documento, de un texto que abre la posibilidad de interrumpir Internet, previa autorización judicial, a los abonados que descarguen archivos protegidos por derechos de autor.

Para llevar a cabo esta modificación, la nueva legislación prevé aplicar cambios en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, Lssi, y en la Ley de Propiedad Intelectual, LPI. Entre ellos, el más significativo es la introducción en la Lssi de la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual como uno de los motivos que se puede esgrimir para interrumpir la prestación del servicio.

Esta decisión legislativa, que va en sintonía con las medidas que se están adoptando en otros países y con las pautas que se están marcando en la Unión Europea, supone avivar de nuevo una polémica que lleva ya mucho tiempo asentada en torno a la descarga de contenidos online, ¿es una práctica ilegal compartir archivos?

En cualquier caso, en España esta aplicación legislativa no centrará su atención en el consumo, como bien podía parecer, sino en la distribución. Es decir, quienes serán perseguidos y a quienes se les podrá retirar el suministro de Internet será a aquellos portales que proporcionen sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor. Por lo tanto, aquellos que realizan las descargas, los ciudadanos, no se verán afectados por la medida.

Polémica organizativa

Uno de los puntos más calientes de la nueva legislación en esta materia es que se ha otorgado al Ministerio de Cultura la potestad de velar por los derechos de propiedad intelectual, en vez de dejar este poder de decisión en manos del poder judicial.

Así, se ha creado una comisión administrativa, llamada Comisión de Propiedad Intelectual, que será quien asuma las competencias de bloquear el servicio a aquellos portales de Internet que violen los derechos de autor.

Para desempeñar esta labor, la Ley de Economía Sostenible incluye otra modificación en la Lssi, la cual permite a los órganos pertinentes (en este caso la comisión administrativa) exigir a los operadores que identifiquen a los responsables de vulnerar los derechos de autor.

Reacciones

La decisión de dejar fuera de este proceso al poder judicial ha generado reacciones adversas entre las diversas agrupaciones defensoras del uso de la Red, como la Asociación Española de Usuarios de Internet o la Asociación de Internautas, que han protestado enérgicamente por ésta y otras medidas recogidas en la LES y han redactado un manifiesto al que se puede acceder libremente a través de sus páginas web.

Desde su punto de vista, lejos de buscar soluciones reales al problema se están adoptando medidas que, no sólo los harán más acuciantes, sino que también suponen un riesgo para la propia industria cultural.

Para ellos, se están fijando los cimientos de la regulación de Internet en torno a un único derecho cuando en la Red se entremezclan muchos más.

Defienden además, que la industria se agarra a un modelo de negocio obsoleto que ya no se corresponde con las formas reales de consumo, de forma que, para sobrevivir, al igual que lo han hecho otros sectores, necesitan renovarse y no quedarse anclados a los sistemas de venta del pasado.

Una idea que no sólo se ha expresado desde estas instituciones, sino que muchos ciudadanos contemplan como una medida que podría facilitar la salida del conflicto en el que ahora nos encontramos.

En cualquier caso, el debate social, cultural y político se mantiene abierto a la espera, entre otras cosas, de que se emita un informe que incluya más medidas para luchar contra la piratería en Internet.