El ministro de Industria, Miguel Sebastián. :: J. R. LADRA

Ni voz ni voto. El debate energético se ha quedado totalmente a oscuras en estas elecciones, eclipsado por otros asuntos económicos más acuciantes como la vertiginosa escalada de la prima de riesgo. No recibió ni unos segundos de atención en el único cara a cara entre el aspirante socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el popular, Mariano Rajoy. Sin embargo, la 'patata caliente' de la energía será uno de los grandes desafíos que deberá afrontar aquel que resulte hoy vencedor en las urnas y que, según todas las encuestas, será el líder del PP. Una de los primeros dilemas que deberá resolver es el de subir o no el recibo de la luz a partir del 1 de enero, después de la decisión del Gobierno del PSOE de congelarlo en octubre. La tentación de no hacerlo es enorme, pero con ello sólo se conseguiría engordar aún más el colosal déficit de tarifa que pagarán, y con gravosos intereses, los consumidores en el futuro.

Es más, puede que el Ejecutivo que salga del 20-N no tenga ni siquiera opción de elegir, a tenor de la sentencia dictada esta semana por el Tribunal Supremo. Dicho fallo declara ilegal la congelación de la tarifa eléctrica en julio de 2010, acordada por el Gobierno socialista y el PP como antesala de un gran pacto que no se materializó.

Según UNESA, la patronal de las eléctricas, la tarifa de acceso debería subir entre un 20% y un 25% este enero para compensar la, a su juicio, equivocada y electoralista decisión del Ministerio de Industria de congelar el recibo de la luz en octubre. Ese aumento se refiere sólo a la parte regulada, que supone cerca del 50% del total de la factura y cubre los costes del sistema, como las primas a las renovables, la retribución del transporte y la distribución, el déficit acumulado y la compensación por la moratoria nuclear. El otro 50% escapa del control de la Administración y depende del precio de las materias primas. En concreto, de la subasta trimestral CESUR en la que las empresas comercializadoras compran electricidad a las generadoras, que se celebrará el 20 de diciembre. Es muy posible que su resultado arroje también un incremento, así que todavía más presión al alza.

Deuda

Lo ocurrido el pasado octubre es un buen ejemplo de la razón por la que se ha amasado una deuda con las eléctricas superior a los 22.000 millones de euros, el famoso déficit de tarifa, como consecuencia de que el precio de la luz es demasiado bajo y no cubre los costes. La última subasta CESUR se saldó con un aumento del 5,9%. Pero el ministro de Industria, Miguel Sebastián, no quiso trasladarlo entonces a la tarifa, apenas dos meses antes de las elecciones -el recibo ya se había encarecido un 9,8% en enero y otro 1,5% en julio-. Lo que hizo fue aplicar una rebaja a la otra parte del recibo, los peajes de acceso.

Como resultado, se añadió un nuevo agujero de 800 millones de euros para 2012, cuando el déficit no debería superar los 1.500 millones. A dicha suma hay que añadir los 600 millones en que superará los 3.000 previstos para este ejercicio, según estima Alberto Bañón, director del Regulación y Asuntos Económicos de UNESA.

El déficit de tarifa no es más que un retraso en el pago de la luz generado porque, desde el año 2000, los políticos se han resistido a subir el recibo para no perder votos. Pero conviene no olvidar que quienes lo van a pagar al final son los propios consumidores, con recargos en la factura en los próximos años. Y con intereses, porque las eléctricas acuden a la banca para 'hipotecar' estos derechos de cobro.

La única forma de acabar con el déficit es, bien subir el recibo -con el consecuente malestar de los usuarios-, bien reducir los costes del sistema. Y para esto segundo hay que entrar en el complicado y espinoso debate sobre las fuentes de generación, que suscita fuertes enfrentamientos en el sector.

Las eléctricas 'tradicionales', aglutinadas en UNESA, lo tienen claro: la solución pasa por meter todavía más la tijera en las primas de las renovables que, en su opinión, son un lujo insostenible en la actual coyuntura de crisis. En 2010 sumaron 7.114 millones de euros, y para este ejercicio la Comisión Nacional de la Energía (CNE) estima otros 6.172 millones.

Sus ataques se dirigen especialmente a la termosolar. Esta misma semana, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, advirtió de que el nuevo Plan de Energía Renovable (2011-2020) -aprobado por el Gobierno el pasado día 11- supondrá un sobrecoste de 400 euros al año para cada consumidor, pues contempla «un desarrollo muy relevante de las tecnologías más caras y menos maduras».

Guerra abierta

Según los cálculos de UNESA, sólo los 2.500 MW de termosolar inscritos en el prerregistro del Ministerio de Industria para construir hasta 2013 suponen un coste extra de 2.000 millones de euros anuales. La patronal considera que en las actuales circunstancias no se puede soportar una carga económica semejante. Por este motivo, pide una moratoria de tres años, es decir, que se paralice la implantación de nuevas instalaciones durante ese periodo.

«El Gobierno metió la pata con la energía fotovoltaica, al comprometerse en 2006 a pagar un precio desorbitado de 450 euros el Mwh durante 30 años. Ahora va a cometer el mismo error con la termosolar», avisa Bañón.

La 'burbuja' que se montó en torno a la energía fotovoltaica es un argumento de peso al que se aferran las eléctricas tradicionales en sus críticas a las renovables. En 2010 los huertos solares recibieron 2.652 millones en primas cuando sólo aportaron el 2,3% de la electricidad consumida, mientras que las eólicas cubrieron el 14% y cobraron 1.965 millones.

Para solucionar el embrollo, el Gobierno ha aprobado desde 2008 tres leyes que incluyen un recorte retroactivo de las primas del sector. El tijeretazo asciende a 2.100 millones en tres años, aunque está recurrido ante los tribunales. «Nosotros entendemos el problema y estábamos dispuestos a colaborar, pero lo que hemos sufrido es un ataque brutal», apunta Rocío Hortigüela, presidenta de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

En este capítulo de las renovables, lo más urgente que va a tener que resolver el nuevo Gobierno es fijar el nuevo marco retributivo de las eólicas, pues el actual expira en 2013 y las decisiones de inversión, dados los plazos de maduración, hay que tomarlas ya. El Ministerio de Industria presentó una propuesta que puso en pie de guerra al sector y que, finalmente, no ha sido aprobada. Entre los puntos más polémicos figuraba que sólo se concedieran primas para 1.500 horas de funcionamiento y, además, se introducía un cambio de modelo que hace impredecible la remuneración.

Ante los ataques de las grandes eléctricas, las renovables se defienden. Sostienen que están contribuyendo a abaratar los precios de la electricidad en el mercado mayorista, porque dejan fuera a tecnologías más caras como los ciclos combinados. Afirman, además, que si luego no se traslada esta rebaja a la tarifa es por culpa precisamente de las subastas CESUR, que ya están siendo investigadas. Y también se preguntan cómo las compañías que tanto se quejan aún registran fuertes beneficios -Iberdrola, por ejemplo, ganó 2.143 millones hasta septiembre pasado, un 3,5% más-, a lo que estas responden que obtienen dos tercios de su negocio fuera de España.

Nucleares

Reclaman, asimismo, que se revise la remuneración de las nucleares e hidráulicas, que pese a estar ya amortizadas todavía cobran su electricidad al precio de la última fuente de energía que entra en el 'pool'; y si son los ciclos combinados, cobran como tales. El PSOE recogía en su programa la intención de establecer un «canon sobre la hidroeléctrica y la nuclear». El PP no ha dicho nada, pero no se descarta que lo haga.

En materia nuclear, el Gobierno saliente del PSOE fijó como fecha de cierre de la central Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013. El PP, más partidario de esta tecnología, está en contra y ya ha advertido de que es una decisión «revisable y reversible».

Visto lo visto, no resulta fácil que se llegue a un pacto de alcance entre PP y PSOE, sobre todo después del frustrado amago de 2010. Pero lo que más temen las eléctricas es que el debate vuelva a quedar arrinconado tras el 20-N.