La Audiencia Provincial de Cantabria sentenció en 2008 que compartir archivos en redes P2P no constituye un delito, pues no hay intención de lucro por parte de sus usuarios.

No obstante, en el documento emitido por la institución se afirma que este acto puede constituir un ilícito civil, es decir, al reproducir e intercambiar música, películas o juegos para un uso colectivo, que no privado, y sin la autorización de los titulares de los derechos, se considera una conducta civilmente ilícita.