La Ley 87/1978 de Seguros Agrarios Combinados fue aprobada en diciembre de 1978. Casi un año después, en septiembre de 1979, vio la luz el Real Decreto 2329/1979 que la desarrollaba. Esta Ley llegó en un momento donde la agricultura ocupaba al 20 por ciento de la población activa española y ejercía un polo de asentamiento de población en los territorios rurales. Las organizaciones principales que conforman esta estructura de seguros son el Estado, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), la Dirección General de Seguros y el Consorcio de Compensación de Seguros. En segundo lugar, los gobiernos de las comunidades autónomas que suplementan los subsidios de la contratación de seguros agrarios. En tercer lugar las entidades aseguradoras, agrupadas en Agroseguro.

El seguro agrario, como cualquier otro seguro, supone una garantía de renta para el agricultor o ganadero en un sector como el agrario que tanto depende de los condicionantes externos. Este gasto se ve minorado en gran medida por las subvenciones que para el pago del mismo, se reciben desde diferentes organismos. El primer organismo en aportar financiación es la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que ha pasado de pagar algo más de 10 millones de euros en 1981 a 304 millones de euros en 2008. Poco a poco van sumándose a la subvención de este tipo de seguros, las Comunidades Autónomas. En 1988 se incorporan al sistema tres comunidades autónomas -Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha- con una contribución de 1.828.783 euros. En 2008, participan todas salvo Cantabria, con un montante de 132.220.102 euros. Respecto al valor total de la prima, el 57,4 por ciento de la prima está subvencionada, y el resto es aportado por el propio empresario agrario.

Sobre estas grandes cifras hay que resaltar tres aspectos. En primer lugar se trata de cantidades muy llamativas, tanto en valor absoluto como en porcentaje de subvención. Pero el análisis en términos de optimización de recursos, favorece a las arcas públicas. El sistema español se basa en la estimación de que las indemnizaciones al sector como consecuencia de catástrofes naturales y otros efectos climatológicos excepcionales, habría supuesto para las administraciones públicas, tanto nacionales como regionales un desembolso superior al de la subvención de las primas. En segundo lugar, los márgenes cada vez más estrechos del sector hacen imprescindible acogerse a los seguros agrarios, que suponen un alto coste de explotación, para poder garantizar la renta del sector. En tercer lugar, el sistema de seguros agrarios en España es una referencia mundial, y otros muchos estados de la Unión Europea y de fuera de ella lo han cogido como modelo. Sin duda, como todos los mecanismos complejos es mejorable y debe estar en constante evolución, pero tampoco es cuestionable que funciona y que sin él, la estabilidad del agro español sería mucho más incierta.