La Comisaria, en una reacción llamativa, ha culpado a los ganaderos de leche de la mala imagen que está dando la Unión Europea (UE), en un momento en que se ha puesto sobre la mesa el importante crecimiento del hambre en el mundo y sus oscuras previsiones. Se queja de la acción de tirar leche, lo que considera un desperdicio alimentario. Por un lado, esa leche, aunque no se tire, no va a llegar a un país en vía de desarrollo. El problema de la distribución de alimentos a nivel mundial está muy alejado de la gestión ganadera. Quizás pudieran recurrir a una huelga a la japonesa, sin parar de producir, pero las vacas no funcionan con manivelas. Puede que la solución sea una huelga tradicional, dejando de producir; lo malo es que a las vacas tampoco las puedes cerrar el grifo, por lo que la leche también se tiraría, solo que sin cámaras delante. Lo positivo es que se vislumbran síntomas que anuncian una recuperación del precio de la leche. Por cierto, que referido a huelgas agrarias, se ha empezado a mencionar la posibilidad de convocar una general de producción de cereales. Sin duda su efecto sería demoledor, el problema es que no se desconvoca cuando uno quiere, tiene plazo mínimo de una campaña. Ningún sector, tampoco el agrario, puede realizar paros productivos de un año, salvo que quieran inmolarse.

Se entremezclan dos asuntos como la leche y los cereales, pero ambos casos tienen aspectos comunes. Lo que sucede en su origen marca la evolución de precios en destino de muchos alimentos. Por otro lado, desde que se han suprimido o minimizado muchos instrumentos de mercado, están sujetos a movimientos de precios que hacen insostenible su estabilidad y por lo tanto la planificación estratégica en muchos eslabones de la cadena. Ante todo este escenario complejo e inestable, la Comisaria Fischer propone que cada Estado pueda conceder hasta 15.000 euros a lo titulares de explotación agraria de cualquier sector. Una trampa. Los costes para las arcas públicas nacionales y regionales serían inasumibles, solo hay que recordar que el sector agrario español ronda los 900.000 agricultores y ganaderos. Esta trampa implicaría volver a crear enormes desigualdades en el mercado entre estados y regiones con diferente poder adquisitivo. Podría provocar que zonas menos desarrolladas perdieran buena parte de su tejido productivo, precisamente muchas en las que el papel social y ambiental de la agricultura y ganadería vertebra el territorio y las hace más indispensables. En segundo lugar sería un enorme paso para renacionalizar la única política común que en la actualidad funciona en la UE y que debe regular un sector estratégico para cualquier economía como es el de la seguridad alimentaria, tanto por capacidad de abastecimiento, como por seguridad sanitaria.