A partir del pasado 1 de enero entraron en vigor las nuevas tarifas eléctricas que en el caso del agro han generado un importante revuelo. Desde que se publicó el Real Decreto 809/2006 tanto las diferentes organizaciones profesionales agrarias, como las cooperativas y la propia Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) han solicitado medidas diferenciales para el sector agrario. Las organizaciones agrarias estiman que en este colectivo se va a ver incrementada la factura eléctrica en un ocho por ciento, como consecuencia del alza en la tarifa de acceso, que incorpora el coste del transporte, de la distribución, del mantenimiento y otras partidas reguladas.

El dato es más significativo si se considera que desde que comenzó la liberalización del sector eléctrico la factura para el agro ya se ha elevado por encima del 50 por ciento. Uno de los cambios que más preocupan al sector es el importante incremento que se va a producir en los pagos por uso de energía reactiva. Se trata de aquella que de forma extra necesitan para su funcionamiento los equipos de carácter inductivo como motores o transformadores, muy utilizados en al campo, en particular en riegos.

El uso de esta energía genera costes económicos que son reflejados en las facturas, además de pérdida de potencia en las instalaciones, caídas de tensión y recarga en los transformadores, todo ello sin producir trabajo útil.

El caso del riego es especialmente llamativo debido al importante esfuerzo que se ha realizado para la modernización de regadíos y la optimización en el uso del agua. En explotaciones de regadío el coste eléctrico es uno de los más altos e inelásticos, un 30 por ciento de los costes de producción, de acuerdo con las estimaciones de Fenacore. Los nuevos incrementos de tarifas vinculados a los modernos sistemas de control de riegos, pueden suponer una ralentización en la puesta en marcha o consolidación de su funcionamiento eficiente.

A finales del pasado año el Presidente Zapatero prometió a las organizaciones profesionales agrarias y a las cooperativas la convocatoria de diferentes mesas de trabajo interministeriales y un plan de choque para el sector en el que se propondrían diferentes acciones, entre otras la revisión de las tarifas eléctricas. Este enfoque interministerial es imprescindible, ya que en este asunto no es competente el Ministerio del Medio Rural y Marino, sino el de Industria, Turismo y Comercio.

El sector demanda acciones concretas, como es la reducción del IVA del 16 al 7 por ciento, tal como ya ha acometido el gobierno italiano. Una segunda alternativa que podría aliviar la presión al agricultor sería cambiar el sistema de liquidación y no pagar por el máximo de potencia contratada, de la que solo se hace uso en determinados momentos del año, sino por la potencia utilizada.