La reforma del sistema de pensiones anunciada por el Ejecutivo parece, como reza el dicho, una de cal y otra de arena, si bien se acerca a las tesis de la patronal y los organismos internacionales, lo que le ha supuesto el «rechazo frontal» de CC OO y UGT, que lo justifican, por ejemplo, en que la edad real de jubilación está ahora en los 63,6 años (según el Ministerio de Trabajo pues Eurostat, con otra metodología para la UE, la cifra en 62,6 años). El debate real, por tanto, no habría de estar tanto en si el retiro oficial se hace a los 65 o a los 67 años propuestos sino en las polémicas prejubilaciones, que se han disparado con la crisis.

El plan del Gobierno es incrementar, «de forma paulatina», la edad mínima legal para el retiro anticipado (ahora en los 52 años) y, sobre todo, «universalizarla», de manera que no puedan acceder antes al mismo determinados colectivos, fundamentalmente en las grandes empresas. De la misma forma, se tratará de evitar que las empresas usen las prejubilaciones para disfrazar usos indebidos del despido, así como limitarlas en las compañías con beneficios.

Pero el punto más controvertido de la reforma -que, ya salga en unos términos u otros, parece inevitable para un país en el que la población mayor de 64 años se duplicará en cuatro décadas, y en el que el 50% de sus habitantes no estará ya en edad de trabajar en el horizonte de 2049- es la ampliación del período de cálculo para las pensiones (posiblemente de los 15 años actuales a 20) que, según el Gobierno, perjudica ahora a los que se quedan en paro al final de su vida laboral. Su pretensión es que se establezca una única base reguladora para todas las prestaciones del sistema (tambien se tocan las de orfandad y viudedad, y las de incapacidad) y que se tengan en cuenta los años de cotización real, pero descarta que el trabajador pueda elegir los períodos más beneficiosos.