La Política Agraria Comunitaria (PAC), quizás por ser la única común de toda la Unión Europea (UE) y por tanto tener cierto carácter experimental, sufre constantes cambios que dificultan considerablemente la planificación estratégica de la empresa agraria. Ahora tenemos un horizonte en 2013 y se están empezando a adoptar posiciones para definir lo que puede pasar en el siguiente periodo, entre 2014 y 2020. Uno de los planteamientos que empiezan a tomar fuerza es dar ayudas a los agricultores y ganaderos por su función social y ambiental. Es una de las recomendaciones que se extraen del último estudio hecho público por el Instituto Europeo para la Política de Medioambiente, encargado por la Comisión. Se trata de un síntoma de cómo la política, en particular la europea, complica determinadas realidades, sencillas en si mismas, y obliga a dar largos y costosos rodeos para llegar a un mismo punto. Los propios agricultores y ganaderos tienen bastante claro que son los principales conservadores del medio, no por vocación ambientalista, sino por sostenibilidad económica, a pesar de que fueron históricamente consumidores sin control de recursos naturales. En la actualidad el mayor conocimiento de la agronomía y la conciencia colectiva sobre la imperiosa necesidad de conservar el medio en que vivimos ha impuesto una serie de normas y regulaciones, así como ha desarrollado tecnología mucho más limpia. Es cierto que nos encontramos con un modelo agrario comprometido con el medioambiente. ¿Hay que pagarles por ello? Lo dudo. Otros sectores económicos hacen también un gran esfuerzo imperativo por minimizar su huella ecológica. Parece mucho más coherente dar ayudas al agro por motivos basados exclusivamente en factores de competitividad y justicia económica. Por ejemplo, se les exige una serie de inversiones y costes extra con respecto a nuestros competidores por motivos de bienestar animal, de trazabilidad, de seguridad alimentaria, de sostenibilidad ambiental, de bienestar social. En gran parte de los países que exportan alimentos a la Unión Europea (UE) esto no sucede, lo que pone a nuestro sector en desigualdad de condiciones. Vetamos determinadas tecnologías, como la biotecnología agraria, mientras importamos productos obtenidos a partir de ella. Sin embargo queremos tener garantías de seguridad alimentaria, tanto desde el punto de vista de la no dependencia de terceros, como de la salubridad de los alimentos. Solo estos factores justifican la existencia de una PAC, sin rodeos, y como consecuencia conservaremos el tejido rural y el medio sobre el que se asienta. El peligro de cambiar los conceptos en vez de explicar de forma clara la realidad actual, es que nos dejamos de apoyar en algo consistente y transparente para hacerlo en unos argumentos ambiguos y volátiles, una amenaza a medio plazo, donde la vuelta atrás podría no ser posible.