Las otras dos propiedades industriales definidas por esta oficina son la marca y el diseño industrial. Mientras la primera de ellas concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado, es decir, «nos sirve para diferenciar unos de otros, por ejemplo, Coca-Cola de Pepsi», los diseños industriales protegen la apariencia de la totalidad o de una parte del producto.

Cuestión de tiempo

Para proceder a la tramitación de alguna de estas propiedades industriales es indispensable presentar la solicitud correspondiente, que se puede obtener a través de www.oepm.es, en el Registro Central situado en la Delegación del Gobierno en Cantabria, en la calle Vargas, en Santander, o en cualquier registro oficial.

El plazo de tramitación varía en función del título solicitado. Diego no duda en afirmar que el de las patentes es un proceso «bastante más complicado que el resto», dependiendo si se quiere dar una protección a nivel nacional, europea o internacional. El tiempo estimado para la aprobación de una solicitud está fijado entre doce y dieciocho meses, mientras que las marcas se están tramitando entre seis y ocho.

Pero estas peticiones no otorgan una protección infinita en el tiempo, a excepción de las marcas cuya titularidad, tras un primer periodo de diez años, puede renovarse de manera indefinida.

En el caso de los diseños industriales, la duración de la protección es de cinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud del registro y pueden renovarse por periodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco, computados desde esa fecha.

Finalmente, las patentes cuentan con una vigencia de veinte años, desde la presentación de la solicitud, sin posibilidad de renovación. Sin embargo, toda regla tiene su excepción: los certificados complementarios de protección. Se trata de un título que prolonga los derechos de las patentes relativas a medicamentos y productos fitosanitarios con el objetivo de compensar el periodo de tiempo que no se ha podido comercializar por estar sometidos a autorización administrativa previa a su comercialización.