Miembros de la delegación cántabra en Bruselas. :: DANIEL PEDRIZA

Las pequeñas y medianas empresas españolas reclaman a la Unión Europea que adopte un papel más relevante en la gestión económica frente a la crisis. En concreto, miembros de todas las Cámaras de Comercio del continente europeo -acudieron responsables de Cantabria y Torrelavega- participaron en una sesión en el Parlamento Europeo en Bruselas. Allí, el 90% de las pymes votaron a favor de una mayor coordinación de las políticas macroeconómicas nacionales y un fortalcecimiento de las normas fiscales de la Unión Europea.

Durante la primera sesión, dedicada a debatir las condiciones y el entorno necesario para que la actividad empresarial se desarrolle, y en la que intervino el vicepresidente del Consejo y presidente de la Cámara de Barcelona, Miquel Valls, las pymes respondieron con un rotundo 'no' al ser preguntadas si las políticas comunitarias tienen en cuenta sus intereses. Los empresarios indicaron que el principio de «pensar primero a pequeña escala» sigue siendo en gran medida un concepto más que una práctica común dentro de las instituciones de la UE. Por lo tanto, los participantes del Parlamento Europeo de Empresas han enviado un claro mensaje de que el resultado de hacer política de la UE todavía no refleja adecuadamente las necesidades de las empresas más pequeñas.

La gran mayoría de las empresas son favorables a la firma electrónica, una herramienta que, a su juicio, reduce costes, simplifica los procedimientos y mejora la seguridad. Se confirma también que un marco común sobre la firma electrónica en toda la UE es necesario para que las empresas puedan aplicar los beneficios de la firma electrónica en las operaciones transnacionales. Los empresarios también se han mostrado favorables a crear un marco normativo común para proteger al consumidor.

En la segunda sesión, dedicada a debatir el acceso de las pymes a recursos financieros, humanos y naturales para ser competitivas y en la que participó el vicepresidente del Consejo y presidente de la Cámara de Madrid, Arturo Fernández, los empresarios se mostraron favorables a una regulación más estricta sobre la morosidad en las transacciones comerciales con las administraciones públicas.

Los empresarios europeos consideran que las administraciones deben someterse a normas más estrictas que las empresas cuando se trata de retrasos en los pagos. Esta opinión va en consonancia con el hecho de que las administraciones públicas son tradicionalmente malas pagadoras, sobre todo en algunos Estados miembros.