Actualmente, el grupo de investigación trabaja en torno a cinco grandes líneas temáticas: el Derecho y las nuevas tecnologías, la negociación, mediación y resolución alternativa de disputas, especialmente su modalidad electrónica; la protección de datos personales, registros telemáticos y creación de simuladores en el ámbito del Derecho patrimonial, inmobiliario, de familia, de la persona y sucesorio; y un Know How propio diseñado junto a la empresa CRV, cuyo objetivo es controlar y verificar medidas de seguridad en los ficheros de datos personales.

«Se trata de diversos proyectos punteros en los que se combinan técnicas y conocimientos multidisciplinares», explica Vázquez.

Una combinación necesaria en tanto que estamos ante una disciplina que influye sobre la sociedad a muchos niveles y que, por tanto, necesita adaptarse a sus cambios y generar soluciones que respondan a las necesidades que vayan surgiendo.

La tecnología cumple un papel crucial en es este proceso, ya que «es, al tiempo, una herramienta al servicio del Derecho y uno de los factores de la realidad social que mayor incidencia tiene en el Derecho», asegura el profesor.

En este sentido, continúa, «sobre la base de estudios previos de la realidad económica y social, se crean herramientas de simulación jurídica con fundamento en las soluciones normativas previstas expresamente, la estadística o los precedentes obtenidos de soluciones jusrisprudenciales, arbitrales o negociales, entre otros factores».

Así, si se identifican correctamente las variables o metadatos que deben incluirse en los simuladores jurídicos, es posible crear herramientas que calculen, de forma automática, la cuantía de una indemnización o pensión, así como, por ejemplo, el nivel de protección de los datos contenidos en un fichero determinado.

Ésta es una muestra de la labor que realiza este grupo de investigación de Cantabria, aunque no su apuesta más ambiciosa.

Este honor corresponde al «diseño de una plataforma de resolución electrónica de disputas en la que se puedan desarrollar mediaciones, arbitrajes y negociaciones de forma automatizada o semiautomatizada», presenta Vázquez.

Tendencias

Con razón éste es uno de los proyectos más importantes para este equipo de trabajo, pues los sistemas electrónicos se están consolidando como una política de atención al cliente por la que han apostado las grandes compañías tecnológicas.

«El éxito de estas experiencias -argumenta el responsable del grupo de investigación cántabro- viene determinado por obtener soluciones rápidas, económicas y satisfactorias ante las reclamaciones de los clientes».

Sin embargo, prosigue, «el factor decisivo para que estas empresas ofrezcan sistemas para resolver disputas es que aportan confianza y seguridad en los productos ofrecidos y en las propias empresas».

Aunque en Europa aún no se ha avanzado demasiado en esta materia, ya existen algunas experiencias, como la iniciada por el Ministerio de Justicia en Gran Bretaña o las cámaras de comercio en Italia.

En el caso de nuestro país, ya está previsto generar el marco legislativo necesario para su implantación, aunque aún no se cuenta con modelos de aplicación. Será a través del anteproyecto de Ley de Mediación, que contempla la mediación electrónica obligatoria para las reclamaciones de poca cuantía.

Y para cuando llegue el momento de convertir en realidad esta tramitación electrónica, el Grupo de Derecho e Innovación de la Universidad de Cantabria ya tiene desarrollado un prototipo original que pretende ser el primero en su género.