Uno de los aspectos más inquietantes de la situación de Italia, y que hace temer por sus resultados, es que ni la peor crisis en 20 años coloca a sus políticos en la realidad.

Mientras el plan de ajuste de esta semana impone duros recortes sociales, ahora que sólo uno de cada cinco italianos puede irse de vacaciones, los privilegios de la clase política, la más cara y derrochadora de Europa, permanecen intactos. Apenas se les recortan ocho millones de euros, un 1 por 1.000 del plan de ajuste, cuando sólo la Cámara de Diputados cuesta 1.000 millones al año. Y con la célebre pensión vitalicia de los parlamentarios, a una media de 6.300 euros, el triple de sus colegas europeos.

Berlusconi aún tuvo el morro de intentar colar en el plan un artículo que prohibía pagar sentencias civiles de más de 20.000 euros, en vísperas del fallo del caso Mondadori que al final le impuso desembolsar 560 millones. Se armó tal revuelo que lo retiró. También el 'lobby' de los letrados-parlamentarios, 134 en ambas cámaras, bloqueó la abolición del colegio de abogados, previsto en el paquete de liberalizaciones. Sus señorías, además, lograron eliminar la norma que impedía acumular cargos, pues muchos son diputados y presidentes de región o provincia. Al margen de la imagen internacional, la idea que ha pasado en Italia es que para la casta del poder la crisis no existe.