Una de las consecuencias de la crisis financiera internacional que todavía golpea a las economías avanzadas con fuertes restricciones de crédito e inestabilidad de las entidades financieras es el fortalecimiento de la regulación financiera global. Las autoridades bancarias y financieras de todo el mundo admiten hoy que la regulación y supervisión existente en los años previos a la crisis, salvo excepciones, dejaba que desear y que los requisitos de capital, liquidez y apalancamiento impuestos a las entidades bancarias no fueron capaces de evitar la asunción por parte de éstas de riesgos excesivos.

Como consecuencia de ello, el crecimiento del crédito y la arriesgada composición de los activos de muchas entidades sobrepasaron ampliamente la capacidad de las mismas para asumir pérdidas, bien ante un giro desfavorable de la actividad que llevase a los deudores a declararse insolventes, bien derivadas de una caída brusca del valor de alguno de dichos activos.

Una entidad financiera fallida -un banco, para entendernos-, en función de su importancia en el sistema crediticio (su importancia sistémica), puede llevar a una brusca contracción del crédito y los medios de pago de una economía, provocando así un retroceso considerable de la actividad real y el empleo, y sembrando la miseria a su alrededor. La salida de una depresión económica provocada por un colapso crediticio es muy lenta y fuertemente dependiente del restablecimiento de la confianza entre todos los agentes económicos, minada por la falta de perspectivas.

La caída de Lehman Brothers, una de esas entidades sistémicas a las que me refería, el 15 de septiembre de 2008 -hace justamente tres años- no pasó desapercibida para casi nadie, pero solo unos cuantos iniciados pudieron ver que era como si una bomba de plutonio rodase de forma inestable sobre un filo de navaja a uno de cuyos lados estaba el infierno.

Puede que algunos de quienes entonces pensaron que aquello no debía volver a suceder hayan olvidado que la causa de semejante riesgo había sido, precisamente, una alegre escalada de crédito soportado en una endeble base de capital propio. Puede que, ante la necesidad de adoptar nuevas regulaciones que limiten esa excesiva facilidad para crear crédito, algunos se lleven las manos a la cabeza doliéndose de los costes de una regulación más exigente. ¿Y los costes de una regulación laxa? ¡Pero si todavía no estamos en condiciones de hacer el balance definitivo de lo que nos va a costar esta crisis!

Basilea III quiere poner coto a esto; no sin costes, claro. Si bien, para muchos resulta evidente que debería hacerlo a cualquier coste. La pérdida de bienestar asociada a un colapso crediticio como el que podría haberse dado en el otoño de 2008 hubiera sido de (ponga aquí la X que desee) generaciones.

Basilea III es el nuevo estándar de capital y liquidez propuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) en 2010 y aprobado por sus miembros, autoridades bancarias centrales de casi una treintena de países, entre ellos España.

No merece la pena entrar en los detalles técnicos del acuerdo, pero lo más importante es que las entidades financieras deberán satisfacer un ratio de capital de calidad ponderado por riesgo (no cualquier activo es elegible) de hasta el 10,5% de sus activos, que podría ser aumentado en un 2,5% adicional por las autoridades en periodos cíclicos de excesivo crecimiento del crédito, a menos que los bancos acepten limitaciones en su reparto de beneficios a los accionistas. Además, se imponen ratios de liquidez para una parte del capital que permitan absorber pérdidas sistemáticas y niveles de apalancamiento que doten de más eficacia a las anteriores actuaciones sobre el capital. Estas medidas irán entrando en vigor gradualmente entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2019, cuando alcanzarán su plena vigencia.

Y no es un acuerdo barato para los bancos. La OCDE ha estimado que en 2019, el coste de los créditos a hogares y empresas podría aumentar en hasta 50 puntos básicos (medio punto porcentual), y que la consiguiente carestía del crédito para estos agentes podría provocar una reducción del 0,15% del PIB en economías fuertemente 'bancarizadas' como las europeas. Bueno, un 0,15% del PIB contra varias generaciones de bienestar.

Puede que la queja de algunos representantes bancarios esté justificada sobre esta base, pero las empresas -en particular- pueden acudir a otras fuentes de financiación si encuentran el crédito bancario más caro como, por ejemplo, los mercados alternativos bursátiles, que poco a poco se van abriendo camino ante las 'pymes'.

Basilea III, por cierto, tiene una variante castiza que vence justamente a finales de septiembre: el plazo dado por el Banco de España para que concluya la controvertida reconversión de las cajas de ahorro.