Zapatero y Rubalcaba han convenido en no tomar ya grandes decisiones salvo debacle económica. :: EFE

Se acercan unas elecciones en las que ningún partido político dice toda la verdad. Los socialistas denuncian que los populares replicarán a nivel nacional los serios recortes que están aplicando en las comunidades autónomas donde gobiernan ya, sin confesar que ha sido el Ejecutivo socialista el impulsor de esos ajustes. A su vez, los populares se escabullen cuando se les solicita que concreten las medidas de austeridad que impondrán si ganan las elecciones. Ambas maniobras son modos de faltar a la verdad, los primeros por propia declaración cuando anuncian que podrán mantener el 'Estado Providencia' que nos asiste, y los segundos por esconder los sacrificios que impondrán a España para salir de la crisis.

Nos hemos acostumbrado a considerar las mentiras políticas como leves corruptelas a la ética aunque, sin embargo, resulten perversas por el grave daño que suponen a la sociedad. Ante las elecciones, los que están en el poder prefieren negar la realidad y procuran no hablar de lo que pueda ser impopular. Por el contrario, los que están en la oposición, y tienen confianza en ganar los comicios, prefieren no asustar anunciando que ejecutarán las conocidas medidas que les dicte Europa. La inminencia de las elecciones andaluzas hará que el partido que triunfe el 20-N demore hasta dicha cita (el 4 de marzo) el anuncio de la medida más inadmisible para los sindicatos: la reforma laboral.

Lamentablemente, el abuso de cosmética para aparentar que España hace sus deberes pone en riesgo nuestro porvenir, porque el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional no son tontos. Si España no despierta confianza en los mercados, aunque no nos intervengan, la prima de la deuda puede dispararse e hipotecar los recursos que debieran dedicarse a fomentar el empleo. Cada 100 puntos de prima nos cuesta 12.400 millones de euros al año.

Las CCAA se han atrevido a tomar medidas de austeridad porque falta mucho para sus próximas elecciones. Los recortes salvajes que están haciendo algunas regiones no han sido una medida voluntaria motivada por la responsabilidad, sino compulsiva: la que no cumpla su compromiso de déficit tendrá una dura penalización. Las comunidades saben que convertirse en una región sin seguridad institucional es un sambenito que perjudica la actividad económica y ahuyenta a posibles inversores o emprendedores. Una demostración es la despavorida huida de muchos proveedores de servicios públicos de los territorios que no pagan o que no se saben cuando lo harán.

Hay tijeretazos de las autonomías que tienen trampa. ¿Por qué la Generalitat de Cataluña es capaz de echarse al monte y hacer unos recortes en asistencia hospitalaria tan brutales? ¿Por qué sus 'embajaditas' en el extranjero o la inmersión lingüística son partidas intocables frente al riesgo de unas listas de espera operatorias que pueden llevarte a la tumba? Artur Mas sabe que el modo más fácil de provocar crispación social es restringir en salud. Si los afectados responden con virulencia, el dirigente de CiU echará la culpa a España proclamando que nos exprime tanto que ni podemos pagar los hospitales. El clima de agitación puede ser útil a Mas para exigir que a Cataluña se le trate como al País Vasco y obtener, con la presión de la calle, un concierto autonómico similar. El victimismo es una herramienta muy poderosa que él ya conoce muy bien y ante la que Moncloa suele actuar con poca habilidad.

A mes y medio de las elecciones, convendría decir al Gobierno que dejen ya de improvisar, como ha hecho con la frustrada operación de sacar las Loterías a Bolsa. No lo olvidemos: estamos en el punto de mira de los mercados y todo aquello que nos quite credibilidad como país perjudica la prisma.