En junio de 2007 -cuando casi nadie podía pensar en la hecatombe económica que vendría después-, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez-Zapatero, presumía de que España era el tercer país del mundo en fabricación de aerogeneradores, el segundo en instalación de potencia solar fotovoltaica (con un incremento del 300% en 2006) y líder en producción de biocarburantes. Incluso, poco después, sumergidos ya en plena crisis, se apuntó que las renovables podrían ser uno de los grandes motores de la recuperación.

Sin embargo, parece que las cosas han cambiado de forma notable, al menos hasta ahora. Los grandes objetivos se han visto frenados o, al menos moderados, a corto plazo. Sin ir más lejos, en febrero de este año el propio Zapatero defendía en el Senado los recortes a la energía fotovoltaica, justificados en que había que repartir «de forma equilibrada» los esfuerzos de ajuste. Y es que si bien las renovables siguen constituyendo una importante apuesta de futuro, a corto plazo la crisis les está pasando una dura factura, tanto en reducción de ayudas públicas como en caída de actividad.

En materia legislativa, el último escollo ha sido el borrador de real decreto que establece la nueva retribución de la actividad eólica. La Asociación Empresarial Eólica (AEE), la principal patronal, ha pedido al Ministerio de Industria que lo retire, al considerar que «aboca al sector a la parálisis, la destrucción de una gran parte de su tejido industrial y la pérdida de 15.000 empleos». Es decir, la mitad de los puestos de trabajo de un sector que supone el 0,34% del Producto Interior Bruto (PIB) y exporta tecnología por valor de 2.000 millones de euros anuales.

Desde la patronal, que lleva meses reclamando un nuevo marco regulatorio, se entiende que «dada la proximidad» de las elecciones generales del 20-N, habrá de ser el nuevo Gobierno que salga de las urnas el que resuelva este asunto «cuanto antes», a fin de evitar un vacío legal desde el 1 de enero de 2013.

También la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha puesto peros al borrador, aunque lo ve viable. Por ejemplo, critica que se pretenda un sistema de retribución variable en el tiempo -con un mínimo anual de 55 euros por cada megavatio (MWh)-, ya que las primas «han de ser predecibles» para facilitar las inversiones y la financiación.

La propuesta ya presentada por el Ministerio, cuyos responsables sostienen que sin consenso con el sector no habrá nueva regulación, reduce a 12 años (frente a los 20 actuales) el período máximo de subvención para los parques eólicos. Las empresas, sin estar satisfechas, estaban dispuestas a aceptar ese punto. Sin embargo, mantienen un rechazo frontal a que las instalaciones sólo reciban primas por 1.500 horas de funcionamiento, y elevan ese margen a las 2.000. Dicen que de lo contrario perderán un 40% de sus retribuciones, mientras que el Gobierno argumento que el nuevo sistema les garantiza «una rentabilidad suficiente» desde 2013, superior al 8%.

Jorge Calvet, presidente y consejero delegado de Gamesa, se muestra tajante: "el nuevo Ejecutivo tiene que cambiar la situación. Y para eso necesitamos que se entienda lo que puede aportar esta industria, por ejemplo, en términos de empleo. Y también que desaparezca la incertidumbre regulatoria».

También la fotovoltaica

El futuro de la energía fotovoltaica también está en entredicho. Desde septiembre de 2008, el Gobierno ha sacado adelante tres leyes distintas que han frenado el desarrollo de esta tecnología, que en el plano internacional lleva cuatro años creciendo a un ritmo del 80% anual. El último fue el real decreto ley 14/2010, que modificaba la retribución de las plantas ya instaladas.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, sostiene que esa limitación «está compensada y es razonable». Sin embargo, desde las asociaciones del sector sostienen que recorta una media del 26% sus ingresos anuales, mientras que el ajuste efectuado al régimen ordinario (generación con gas, gran hidráulica, nuclear, ...) ha sido -dicen- de «apenas el 3%».

Además, afirman que las fotovoltaicas cargan con el 48% de todo el esfuerzo de restricciones económicas exigido al sector eléctrico para los próximos tres años (2.220 millones de euros en recortes retroactivos para sus plantas, frente a un total de 4.613 millones). Según las asociaciones, el recorte pone en entredicho la viabilidad de gran parte de las 53.000 instalaciones en funcionamiento.

No obstante, algunos expertos apuntan que las primas al sector aún son «muy atractivas» comparadas con las recibidas por otras fuentes energéticas. Sea de una u otra forma, las fotovoltaicas -al menos, los fondos de inversión extranjeros que han metido más de 1.000 millones de dólares en estos proyectos en España- ya han decidido emprender la batalla legal. Será en las próximas semanas en la corte internacional de arbitraje de Londres.

Una industria tocada

De cualquier manera, el futuro de las renovables a largo plazo no está en entredicho. El porcentaje de producción de electricidad con este origen en España se ha incrementado en los últimos años y seguirá haciéndolo, al menos hasta 2020, cuando se espera llegar al 40%.

Pero otra cosa es la situación de la industria, de los fabricantes de paneles solares y turbinas eólicas, y de los promotores de parques. Como explica Francisco Álvarez-Ossorio, socio de la consultora KPMG, «ellos saben que de aquí a 2020 podrán seguir instalando y construyendo nueva potencia, pero no saben a qué ritmo y en qué condiciones».

A estas incertidumbres, se suma una demanda que no parece dar el salto que se esperaba en cuanto a instalación de paneles solares en edificios y viviendas, pero también en ámbitos como los carburantes y la automoción.

Con respecto a los paneles solares, Francisco Rahola, socio de Ernst & Young, considera esperable que se produjera un bajón, en la medida en que «el ritmo inicial de instalación era imposible de mantener». Además, la caída del sector de la construcción ha disminuido sustancialmente la demanda de este tipo de elementos.

La eólica, según reconoce el director de Políticas Energéticas de la AEE, Heikki Willstedt, también está acusando la crisis. Y lo hace tanto en las grandes instalaciones como en las pequeñas, destinadas a viviendas y centros industriales. «Estas últimas -añade- no han despegado aún, porque la actividad de la industria es menor».

En conjunto, los pedidos encargados el año pasado (para fabricar en 2011 y 2012) ascendieron a 220 MWh, lo que supone poco más de 100 aerogeneradores. La cifra es claramente inferior a la de ejercicios anteriores, cuando los encargos superaron los 1.000 e, incluso, los 2.000 megavatios.

Para Valentín de Miguel, socio de Accenture, las incertidumbres regulatorias del sector y las dificultades de la deuda soberana -tanto española como europea- «están desacelerando las inversiones previstas, llevando a reducciones de más del 50% en los planes de algunas empresas».

Pero no hay que perder la esperanza. Jesús Navarro, socio de la consultora Deloitte, cree que «estamos en un momento en el que debemos apoyar a la industria fotovoltaica en su curva de aprendizaje». De ese modo, apunta, «cuando se desarrolle del todo esta tecnología seremos capaces de auto-proveernos».

Ernst & Young publica cada trimestre un ranking de los países más atractivos para los inversores en energías renovables. España lo ha liderado muchos años, pero este verano ya cayó hasta el noveno puesto mundial. ¿Puede ser este un dato para pensárselo dos veces?